Este miércoles por la noche, el Presidente anunció un paquete de medidas relacionadas a la liberalización de la economía que afectará a la industria del vino de manera directa. Las otras modificaciones “no vitivinícolas” que también impactarán al sector.

Finalmente y tras varios días de especulaciones, el presidente Javier Milei lanzó su paquete de medidas de desregulación económica, el cual anunció este miércoles por la noche mediante una cadena nacional.

El jefe de Estado mencionó en su discurso las principales 30 reformas, que son parte de una batería de más de 300 iniciativas para «desarmar regulaciones» del Estado, las cuales serán emitidas por intermedio de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

En su primera cadena nacional desde que asumió hace 11 días, el mandatario nacional anunció que en DNU -publicado en el Boletín Oficial- modifica algunas cuestiones normativas de suma importancia para la vitivinicultura, la que según consideró el escrito, “debe soportar el peso de una excesiva regulación”.

Dentro de las reformas, se derogó la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola.

La primera de estas leyes es la más significativa porque establece, entre otras cosas, la normativa para los contratos de elaboración de vinos bajo diferentes sistemas, como el contrato de elaboración por cuenta de terceros. Podría generarse un vacío legal que perjudique la capacidad de reclamo del productor de la uva con respecto al industrial que elabora el vino.

Las derogación de las normativas, publicadas en el 1970 y 1982, le quita significativamente margen de acción al Instituto Nacional de Vitivinicultura, a pesar de que en otro pasaje del texto se lo destacó como ejemplo para justificar cambios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

“Resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley N° 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”, expresó en ese sentido.

Medidas no vitivinícolas de impacto

Más allá de las reformas estrictamente del orden vitivinícolas, también podría verse severamente afectada la industria gracias a la modificación de otro gran número de normativas relacionadas al comercio, la forma de contratación de empleo, etc.

Por ejemplo, el DNU propicia una “modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino”. En este caso se modifican artículos para simplificar los procesos de registración, aumentar el período de prueba de los trabajadores, redefinir la procedencia de los descuentos salariales convencionales, autorizar a las convenciones colectivas a explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador, revisar los criterios de ultractividad y evitar los bloqueos de actividades productivas.

También se modifica el Código Aduanero. Para ello, propone eliminar el registro de exportadores e importadores, digitalizar los trámites, rediseñar los procesos de retiro de mercadería y autorizar la declaración anticipada para facilitar las operaciones. Además, a los fines de fomentar las inversiones, considera necesario eliminar la posibilidad de imponer prohibiciones de importación y exportación económicas.

El DNU deroga también la Ley de Tierras, que buscaba determinar la titularidad de las tierras rurales y regular para las personas físicas y jurídicas extranjeras los límites a la posesión de tierras rurales.

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