La diputada provincial Gabriela Lizana pidió a los legisladores nacionales de Mendoza que impulsen cambios en la normativa nacional, incorporando un régimen diferenciado según la escala productiva.

La diputada provincial por el Renovador Mendoza Línea Nacional, Gabriela Lizana, solicitó formalmente a los legisladores nacionales por la Provincia de Mendoza que promuevan la modificación de la Ley N° 26.377 de Corresponsabilidad Gremial, con el objetivo de incorporar un régimen diferenciado por escala productiva. El propósito: garantizar la efectividad del sistema sin desfinanciarlo, pero aliviando la carga económico-financiera que enfrentan especialmente los medianos y pequeños productores agrícolas.

La Ley 26.377, sancionada en 2008, habilitó la implementación de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG) en Argentina para facilitar el cumplimiento de normas laborales y de seguridad social en el ámbito rural. En Mendoza, el CCG Vitivinícola fue firmado por primera vez en diciembre de 2011 y homologado mediante la Resolución Nº 6/2012 del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este convenio establece una tarifa sustitutiva que traslada el pago de aportes y contribuciones sociales desde los meses de cosecha (febrero a abril) hacia el período comprendido entre agosto y diciembre.

Entre las entidades firmantes del convenio se encuentran la Asociación de Bodegueros y Viñateros de Mendoza, Bodegas de Argentina, la Unión Vitivinícola Argentina, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas y la Cámara de Comercio de San Rafael, mientras que por parte de los trabajadores participa FOEVA.

Lizana advirtió que el sistema actual impacta de manera negativa en los productores más pequeños. “Frente a la situación de vulnerabilidad que atraviesa el sector agropecuario provincial, especialmente los viñateros, y el efecto social y económico del abandono de fincas, se vuelve urgente aplicar medidas como la exención de la tarifa sustitutiva a quienes posean hasta 30 hectáreas o produzcan menos de 3.000 quintales anuales”, sostuvo.

La legisladora remarcó que este tipo de explotaciones presentan rentabilidad nula por el bajo precio de la uva, la caída en el consumo y un desequilibrio histórico en la cadena productiva, denunciado en reiteradas ocasiones. Asimismo, cuestionó la elevada presión impositiva que deben enfrentar productores que, según señaló, “se encuentran completamente fiscalizados y cumplen íntegramente con sus obligaciones fiscales”.

Además, Lizana pidió que, tras más de dos décadas de vigencia del CCG en el sector, se realice una reevaluación técnico-financiera de los sujetos alcanzados y de los resultados obtenidos. “Solo con datos reales sobre rentabilidad, costos laborales y carga fiscal podremos definir umbrales de viabilidad económica para asegurar un cumplimiento efectivo del convenio”, argumentó.

Un llamado al compromiso político

La diputada cerró su propuesta con un llamado a la acción: “Es imprescindible un trabajo articulado entre los sectores productivos y los entes públicos, con el compromiso firme del Estado Provincial y, sobre todo, de los legisladores nacionales de Mendoza, para diseñar una normativa que recomponga la ecuación económica de los pequeños y medianos productores, sin desfinanciar el sistema de seguridad social”.