El diagnóstico preliminar con el que los funcionarios del Ministerio de Economía presentaron su hoja de ruta de acción para los primeros meses de gobierno de Javier Milei muestra que hay, más allá de la inercia inflacionaria, que ya es un problema de por sí, un rezago monetario -por el que creen que todavía hay efectos de expansión monetaria que todavía está por traducirse en la inflación- y precios relativos reprimidos que, a partir de este plan, quedarán liberados.

“Toda esa inflación reprimida va a salir a la luz y vamos a pasar meses duros”, admiten fuentes en el Ministerio de Economía. Por esa razón creen que hay posibilidades de trasladar a febrero el inicio del proceso de aumentos de tarifas, y atrasar ese impacto adicional en la inflación más cerca de abril. De cierta forma, que una de las palancas que agregará tensión a los precios quede desactivada hasta ya bien entrada la vigencia del plan económica.

En el croquis que dibujaron Caputo y su equipo, la curva de aceleración de la inflación muestra una curva ascendente inmediata a la devaluación y liberación de precios relativos. Una reducción marcada de la brecha cambiaria, estiman, es uno de los elementos que podría hacer que el traslado a precios sea menos lineal. Esa brecha, junto con la capacidad de acumular reservas rápidamente, marcarán para muchos analistas las posibilidades de éxito de esta primera etapa del plan económico.

“El IPC de diciembre viene corriendo fuerte, mucho del ‘sinceramiento’ ya pasó, el impacto de la devaluación va a ser más bajo de lo que se puede esperar. Mucho de este sinceramiento ya fue hecho, por eso se vienen meses bravos”, admitía una fuente del Gobierno poco después de la presentación del programa inicial de política económica.

Diciembre y enero, entonces, serían los meses con peores índices de inflación bajo este esquema. Arriesgaban, en algún despacho oficial en las últimas horas, que un 40% acumulado en los primeros tres meses de 2024 sería un número que razonable con el impacto esperado. “No puede llegar a 100% acumulado con las dos anclas que tenemos con el dólar y el shock fiscal”, mencionan. Hace referencia al temor de que la aceleración inflacionaria termine “comiendo” el salto cambiario y que esto fuerce a otra devaluación más adelante.

Lo que no habrá forma de contener, admiten, es el efecto recesivo marcado que tendrán las medidas. Se estima una contracción de la actividad explicada por un desplome de importaciones por el dólar más caro y un impacto en los salarios por el fogonazo inflacionario. El equipo de Caputo trabaja con un escenario base de muy alta inflación y caída de la actividad para 2024, pero los números finos todavía están guardados bajo siete llaves a la espera de que el programa económico dé sus primeros pasos.

Un botón del panel de control que también tiene impacto inflacionario es el de la suba de impuestos. Las importaciones, tanto de bienes como de servicios, tendrán un recargo impositivo de 10 puntos porcentuales para el impuesto PAIS y pagarán 17,5 por ciento. Esa alícuota más alta para la compra de insumos en el exterior tendrá como consecuencia, estiman en el Gobierno y en el sector privado, un elemento más de presión inflacionaria por un traslado al costo para el consumidor.

Además del dólar alto (con una actualización de 2% nominal mensual) el otro ancla sobre el que descansará el plan económico inicial de Milei/Caputo es la señal fiscal. Para ese programa fiscal agresivo el Gobierno piensa un esquema de “tenazas” compuesto por un baja drástica de algunos gastos y la suba de ingresos fiscales. Hay una distinción entre las dos patas de ese programa: la parte de la poda no requiere autorización del Congreso y podrá ser operada directamente por el Ministerio de Economía, mientras que las medidas para reforzar la recaudación necesitarán, en su mayoría, el visto bueno del parlamento.

A grandes números, cerca de un 57% del ajuste del gobierno libertario estaría explicado por poda de gastos y un 43% por suba de impuestos, estimó el economista Amílcar Collante. La única partida presupuestaria a la que el Gobierno le dejó un margen para ampliación es la de Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar, que se incrementarían 0,3% del PBI a lo largo del año.