Empresas pequeñas y medianas del sector vitivinícola reclaman un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) adaptado a sus realidades, señalando que las condiciones actuales del programa no ofrecen beneficios para los productores menores.
Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del sector vitivinícola en Argentina intensifican su reclamo ante el Gobierno Nacional, exigiendo un régimen de incentivos que impulse las grandes inversiones en el sector, adaptado a las características y necesidades de los productores menores. Representantes de bodegas y asociaciones afines aseguran que el sector necesita con urgencia inversión para modernizar sus procesos productivos, elevar la calidad de sus vinos y mejorar su competitividad en el mercado internacional. Sin embargo, señalan que los requisitos actuales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no aportan beneficios significativos a las Pymes del sector.
Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), destacó en una entrevista con Diario San Rafael que la vitivinicultura es una de las principales actividades económicas de Mendoza, pero no está considerada en el actual régimen de incentivos. “La verdad es que no me imagino una inversión de muchos millones de dólares para implantar millas de hectáreas en este rubro, donde incluso las grandes empresas son pequeñas en comparación con otros sectores”, afirmó Villanueva.
Villanueva explicó que los requisitos del RIGI actual resultan inalcanzables para la mayoría de las Pymes vitivinícolas, dejándolas al margen de los beneficios del programa. “El monto mínimo de inversión exigido es excesivo y excluye a las empresas más pequeñas, que son las que realmente necesitan el apoyo”, detalló el directivo de UVA, enfatizando que el régimen requiere modificaciones para adaptarse a la realidad del sector.
Otro punto de preocupación es la alta carga impositiva. Villanueva hizo referencia a un estudio de la Corporación Vitivinícola Argentina junto a la Facultad de Ciencias Económicas, que revela que el 57 % del excedente de explotación de estas empresas se destina al pago de impuestos. “La presión fiscal es muy elevada. Una posible solución sería ofrecer exenciones parciales o totales en ciertos impuestos, reduciendo la carga fiscal para las empresas que invierten en el sector”, agregó.
Villanueva también subrayó la importancia de incorporar tecnología para responder a las demandas cambiantes del mercado global. “El sector debe evolucionar conforme a las exigencias actuales; hoy se prefieren bebidas con menor graduación alcohólica y el consumo de vino blanco está en alza, especialmente en mercados como Estados Unidos, donde somos grandes exportadores de tintos. Adaptarse no es sencillo, y se necesita un régimen que realmente incentive la inversión en el sector”, concluyó.
El pedido de las Pymes vitivinícolas es claro: un régimen de incentivos que no solo considera las grandes inversiones, sino también el desarrollo y sostenibilidad de los pequeños y medianos productores, fundamentales en la industria y economía vitivinícola del país.
