El campo sufrió significativas modificaciones mediante la publicación de las reformas económicas del Presidente, aunque algunas de las medidas no sean estrictamente del corte agroindustrial.
Se hizo esperar unos 10 días, pero finalmente Javier Milei llevó adelante una serie de anuncios económicos de mucho impacto, los cuales fueron llevados adelante mediante DNU, con el objetivo de dar una muestra de gobernabilidad, aunque aún resta saber cómo se implementarán muchas de esas reformas y si algunas no violan el espíritu constitucional.
Entre las modificaciones, hay cambios sensibles para el campo y el sector agroindustrial, en específico para la vitivinicultura, que Javier Milei puso como ejemplo a la hora de hablar de “excesivas regulaciones”. De hecho, derogó tres leyes que hasta el momento regulaban la actividad.
Sin embargo, esas no son las únicas reglamentaciones que limitan la actividad agraria sino que también hubo otras que impactarán de manera directa, como potencialmente puede suceder con la reforma de la Ley Laboral.
El texto sugiere una serie de modificaciones muy importantes que promete desatar un vendaval de presentaciones judiciales, considerando que es una materia en la que tiene competencia el Congreso.
El objetivo de las modificaciones es reducir el costo laboral de las empresas, incluida la indemnización por despido, y alentar la generación de puestos de empleo. Para eso, fue necesario decretar la reducción de la indemnización por despido, en línea con lo que fue pedido por algunas cámaras empresariales.
El texto prevé limitar el componente salarial o remunerativo que se debe tomar en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones mediante la exclusión de tickets canasta, vales alimentarios, bonos anuales y otros gastos puntuales como el pago del teléfono móvil. Es decir, si el salario a considerar es menor (básico), la indemnización también lo será. La medida, lógicamente, afecta a los más altos cargos de las empresas, que suelen tener sueldos alimentados por esos componentes.
También se propone reducir el costo de los intereses de las indemnizaciones que se resuelven a través de un juicio laboral. Sobre este último punto, distintas agrupaciones rurales y empresariales presentaron en julio pasado una carta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) y la Corte Suprema de Justicia solicitando que se deje sin efecto el método de capitalización anual de los intereses de las indemnizaciones laborales que fijó la Cámara en septiembre de 2022 para intentar preservar el poder de compra de las mismas.
El criterio de actualización de los «créditos laborales» es clave porque los juicios por despido pueden llegar a durar cinco o seis años. En un contexto de inflación alta como el actual, las indemnizaciones van perdiendo poder de compra.
Otro de los puntos que impulsa el Gobierno es la creación de un fondo de cese laboral para cubrir las indemnizaciones por despido a partir de un aporte mensual que debería hacer el empleador. Sería un sistema similar al que se aplica ahora en la actividad de la construcción, aunque tendría varios matices diferentes, que aún no quedan claros. Laboralistas dicen que la medida es inconstitucional.
El anuncio de Milei apunta, además, a reducir el costo laboral a través de la extensión del período de prueba, llevándolo de 3 a 8 meses. Y a eliminar las sanciones establecidas por ley que el empleador debe pagarle a aquellos trabajadores que no tenía registrados.
Este punto de las reformas fue defendido por el propio Presidente en el programa «Pan y Circo», que conduce Jonatán Viale en Radio Rivadavia. «Lo que se ataca es el tema de las multas. Las multas es lo que hace que un despido sea extravagantemente caro, perjudica a las empresas y no se la queda el trabajador». Mientras que aseguró que lo que quiere combatir con las reformas es a la “industria del juicio”, lo que va a traducirse en “más trabajo”.
“Cuando se elimine esa carga de litigiosidad habrá más empleo», aseguró, y agregó que los cambios «no perjudican a ningún trabajador», aunque dejó abierta la posibilidad que se pacten contratos que flexibilicen las normas que rigen en el convenio de esa actividad.
