Desde diversas entidades han planteado al Gobierno nacional cuáles son los motivos por lo que no está favoreciendo las exportaciones, sin respuesta hasta ahora.

Cuando Sergio Massa habló por primera vez de un tipo de cambio diferencial para las economías regionales, en noviembre de 2022, desde el sector productivo rechazaron la propuesta, porque el plazo de 40 días era inaplicable a estas exportaciones. Cuando volvió a mencionarlo, en marzo, para la Fiesta Nacional de la Vendimia, bajo otras condiciones, muchos señalaron que podía ser beneficioso. Hoy, esa expectativa favorable viró hacia la decepción porque el funcionamiento no ha sido el esperado.

Las dos principales objeciones a cómo se implementó el Programa de Incremento Exportador fueron que se exige la inclusión de todas las etiquetas que se comercialicen en el mercado interno en Precios Justos, con subas autorizadas muy por debajo de la inflación general; y que no se previó un mecanismo de ajuste del tipo de cambio y los $300 están muy cerca del oficial y muy lejos del blue, por el que, en la práctica, se fija la evolución de los costos.

Sin embargo, hay otro reclamo reiterado y es que, aun quienes, ante estas condiciones, deciden participar, se encuentran con un laberinto de requisitos que, en la práctica, demoran, e incluso bloquean, el acceso. Ernesto Villasante es productor y exportador de uva en fresco y, pese a que apenas se anunció el nuevo tipo de cambio empezó a prepararse para participar, todavía no ha logrado completar la gestión y teme haberse topado con un “callejón sin salida”.

Villasante explica que, en un primer momento, enviaron una presentación, por intermedio del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, para que se tomara en consideración que el sector de la uva en fresco ya había concretado los despachos, pero aún no habían cobrado ni liquidado esas exportaciones. Esto, debido a que la ventana de tiempo establecida no correspondía con el momento en que se realizan las ventas.

Desde entonces, aunque ya tiene listos algunos pagos, está frenando las liquidaciones a la espera de una respuesta. Sin embargo, le pidieron que presentara registros de la pyme, que se inscribiera en Precios Justos (pese a que no participan en el mercado interno porque exportan toda su producción) y otras gestiones, pero sin acceder a la resolución que autoriza al Banco Nación a liquidarles con este tipo de cambio. “Me parece que estamos llegando al final del camio y no hay nada que hacer, porque no hay referentes con quienes hablar”, planteó.

El gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Mauro Sosa, señaló que el hecho de que se haya anunciado en noviembre y, seis meses después, todavía haya tantas dificultades para acceder, con numerosas inscripciones y sin una persona para hablar personalmente cuando surgen complicaciones, parece demostrar que no se busca facilitar el acceso.

En este sentido, consideró que no ha sido un programa exitoso, ya que sólo tiene conocimiento de una empresa que haya logrado finalizar la gestión, y señaló que habrá que esperar a conocer los resultados cuando presenten una rendición. De todos modos, subrayó que se requieren soluciones de fondo y estas parciales suelen beneficiar sólo a algunos. Y sumó que este tipo de cambio de $300 ha quedado desactualizado frente a un blue que impacta en los costos internos y que fue algo que advirtieron desde un principio que iba a ocurrir.

La semana pasada, la Corporación Vitivinícola Argentina le envió un pedido de audiencia a Massa, “debido a la preocupación de la cadena vitivinícola por la pérdida de competitividad y la consecuente caída que se viene registrando sostenidamente en las exportaciones vitivinícolas”. Para ilustrarlo, detallan que las ventas al exterior de vinos fraccionados tuvieron un descenso del 11% en 2022, con respecto a 2021; los graneles, del 42%; el mosto, del 23%; la pasa de uva, del 17%; y la uva de mesa, del 23%.

La presentación añade que la baja se sostiene en los cuatro primeros meses de 2023 y que, en este contexto, les alarma que las empresas estén teniendo dificultades para obtener las autorizaciones porque esto agravará la situación. El presidente de Coviar, Mario González, detalló que aún no tienen respuesta del pedido y que les preocupa que pasa el tiempo y el mercado externo se reduce cada vez más.

Y si bien indicó que la medida era positiva, casi no se ha podido avanzar por las complicaciones en su tramitación -acotó que algunas empresas han ingresado al programa, pero el porcentaje es muy bajo- y por el requisito de formar parte de Precios Justos, ya que los incrementos mensuales son del 1% al 3%, según el caso, frente a una inflación del 7% u 8%. Esto, además de la no actualización del tipo de cambio.

González detalló que, en todas las reuniones previas con el Gobierno nacional, explicaban que el 75% de la producción se vuelca al mercado interno, por lo que la industria lo cuida, y, además, el vino no es un commoditie y ganar un nuevo cliente en el exterior demanda presencia, promoción y un vínculo directo, que no se genera de inmediato. Esto implica que no hay riesgo de desabastecimiento ni de una suba significativa en las góndolas locales. En cambio, cuando se pierde un importador, luego cuesta mucho recuperar ese espacio.

También desde Bodegas de Argentina han tomado contacto directo con funcionarios de Nación para solicitar que se revise el programa. La presidente de la entidad, Patricia Ortiz, detalló que, luego de la reunión que tuvieron con el secretario de Agricultura y Ganadería de Nación, Juan José Bahillo, los primeros días de mayo, han pedido otra con Matías Tombolini, secretario de Comercio, por el impacto que está teniendo en la industria Precios Justos.

A los reclamos que están haciendo las cámaras, Bodegas de Argentina sumó que el Programa de Incremento Exportador, por tener una vigencia corta, demanda acceder a prefinanciamiento en el exterior, que casi ninguna empresa local obtiene. Es que desde el momento en que se recibe la orden, se despacha y se emite la factura transcurren unos 45 días y la mayoría de los clientes paga a los 120 días, por lo que, para poder liquidar en el plazo definido, es necesario fondeo y la iniciativa no autoriza que sea de un banco argentino.

FUENTE: LOSANDES.COM.AR