El superintendente de Irrigación tuvo una charla mano a mano con Uvas Argentinas y explicó por qué es necesario un plan hídrico a largo plazo y se defendió de las críticas contra el Código de Aguas.

Sergio Marinelli es la referencia en materia de gestión del recurso más importante de la provincia, el agua. El superintendente del Departamento General de Irrigación tiene en sus manos la difícil tarea de convencer sobre la necesidad de un plan hídrico a largo plazo y la publicación de un Código de Aguas que reúna toda la legislación vigente e incorpore nuevas medidas adaptadas al cambio climático.

No lo hará sin oposición, claro está. Distintos sectores se han manifestado en contra de la implementación de ese Código y algunos lo califican hasta de inconstitucional. El sector productivo es uno de ellos, con organizaciones referentes que se pusieron la lucha a los hombros.

El funcionario abrió las puertas de su despacho y dialogó en exclusiva con Uvas Argentinas, para intentar explicar la importancia del plan, del Código y reflexionar sobre por qué considera que existe esa oposición.

¿Por qué es tan importante un plan hídrico a largo plazo, cuáles son los ejes?

Todas las gestiones han tenido su planificación hacia adelante. En algunos casos asistidos por FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) lo que en su momento permitió conocer el aumento de la temperatura según los pronósticos del calentamiento global.

Hay que hacer un plan a largo plazo y no un plan de gestión. Yo tengo uno que está basado en seis ejes y tres de ellos tienen que ver con la gestión directa del agua. Son la oferta, que es la naturaleza misma que podemos estudiar y conocer mejor con mediciones. La demanda, que también debemos conocer para saber cuál es la mejor forma de regar. Es difícil hacer un relevamiento de cada finca pero se puede medir con tecnologías de imágenes satelitales y ya lo estamos haciendo. Luego un tercer eje que es la disponibilidad. Conociendo oferta y demanda tenemos que ver cómo mejoramos la disponibilidad del agua y para eso faltan obras de impermeabilización. Entonces, ¿cuál es el cambio a futuro? La sequía, que ya la vivimos.

Por eso el plan a largo plazo es indispensable, porque en el futuro se va a disminuir la oferta. Además, para propiciar que cada inversión contribuya a toda la cuenca y no a un caso específico, porque si no no hay un incentivo para invertir. Nosotros lo estamos haciendo pero si no le damos continuidad no sirve de nada.

¿Es necesario tenerlo antes que el Código de Aguas?

No podemos darle continuidad si no hay una ley que lo obligue, más allá de que la redacción del Código se puede mejorar. ¿Qué es primero? Lo ideal sería las dos cosas juntas pero si no fuera así; el Código ordena la dispersa legislación vigente, incorpora la parte de la calidad del agua, agrega usos y costumbres que están distantes del cumplimiento actual, obliga a una planificación con castigo al que no lo haga, e incorpora la parte ambiental que mejora sustancialmente las obligaciones en la etapa de evaluación de la actividad minera. Hay gente seria del ambientalismo que apoya esta innovación. Pocos hablan de esto. En un momento muy difícil para el campo, que vio una afectación en la baja de la lucha antigranizo, el IDR, la situación con la lobesia botrana; vio esto como un elemento más de castigo al campo sin saber de qué se trataba. Ese clima social no fue apropiado en el momento de mayor discusión. Ahora estamos buscando hacer un control de cambios con las entidades rurales, para que analicen si la reacción estuvo acorde a los cambios que fueron planteados.

¿Es una forma de dilatarlo?

Creo que mucha gente opina de la nueva ley sin conocer la actual. Algunos me expresaron de entrada que era un tema de expertos y en parte es así, pero es la primera vez en la historia que tiene semejante participación. Llevamos más de un año y siempre falta tiempo. Algunos los usan como excusa. Con respecto al plan, yo creo que cada uno está viendo sus intereses particulares y no visualizan cómo los va a afectar o favorecer. Cuando mostremos el plan frente a las instituciones vamos a explicar las vinculaciones con el Código. Innovamos y modificamos porque hay un hecho nuevo que es la sequía.

El código se ha sometido a una discusión pública como nunca. Hubo aportes de la Universidad de Cuyo, universidades privadas, el INTA, las cámaras empresariales. Los organismos científicos, técnicos y la academia han opinado, de forma diversa y enfrentada. Es lo que buscábamos. Después tenemos que tomar una, no podemos conformar a todo el mundo.

¿Cree entendible el temor de los productores, por ejemplo con las críticas en torno a la inconstitucionalidad por el derecho de inherencia?

Es un error conceptual. La inherencia está en la Constitución y eso está respetado. Quizás hay un error de reacción. Todos los que atacan y dicen que el Código de Aguas no responde a la inherencia se refieren a los excedentes. La pregunta es cuándo sobra agua. Para los productores, nunca. Es una cuestión cultural.

Cuando se habla de excedentes, el Código dice que hay que declararlos públicamente. A todos los que hoy usan agua tenemos que darles la que necesitan y si no alcanza no se le puede dar permiso a nadie. Pero si la demanda está satisfecha, el excedente se declara y se distribuye en virtud de un artículo que ya existe en la Ley de Aguas Subterráneas. Todos los sectores piden ser más prioritarios, pero es el Ejecutivo quien tiene la visión económica para alterar ese orden. El artículo ya se usó en mi gestión y no hubo quejas. La gente se pone mal porque les han hecho creer que le van a quitar el derecho para dárselo a la minería. Pero la minería está pensada únicamente en el distrito minero de Malargüe. No se le puede decir “no” a la minería, lo que creo es que en el futuro no va a haber agua. No solo para la minería, sino en general por la sequía. Si no generamos eficiencia no va a haber agua para nadie. El Código le garantiza el derecho a los que están y agrega la cuestión ambiental que da tranquilidad desde el punto de vista de la calidad.

¿Cree que al ser un debate muy técnico les fue difícil bajarlo a las bases?

Sí. Lo malo es que la difusión hacia las bases, sobre todo en el uso agrícola porque la ciudadanía no lo tomó tan mal, se produjo con información difundida a través de las redes sociales. Le bajaron visiones negativas. Esto tiene que ver con una mala interpretación de muchos aspectos que fueron tomadas como ciertos y que probablemente sean producto de una redacción no clara. O hay intencionalidad. Igual creo que no hay una gran brecha entre lo que generó oposición y la forma de destrabarla, por eso el proceso sigue. No creo que hagan falta dos años ni creo útiles esos tiempos.

Hace tiempo advirtió sobre la falta de obras ¿Cómo evalúa la situación actual?

En los últimos 30 años, la inversión en Irrigación fue de 300 millones de dólares. Con los anuncios que hizo el gobernador del financiamiento de proyectos con el fondo de resarcimiento (por Portezuelo) y los créditos que se están destrabando de Nación podemos lograr una inversión aproximada de 170 millones de dólares. Sumado a los proyectos que se están gestionando con la Secretaría de Obras Públicas para futuro, yo no descarto que en los próximos 5 años haya una inversión de 300 millones de dólares. Es decir, puede pasar que en 5 años se haga la inversión de los últimos 30.

Hace falta incentivar la inversión privada…

Sí y para eso es fundamental el plan, para privilegiar las mejores formas de regar, como el riego acordado y el riego de demanda. Todos implican un cambio cultural porque quien tiene un cultivo permanente y está acostumbrado a regar cada 20 o 30 días ve pasar el agua toda la semana para un productor de chacra y piensa que le están quitando su agua.

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