Eliminan la ley que obligaba a registrar contratos de productos agrícolas en Mendoza. La normativa, cuestionada por productores e industrias, será reemplazada por un sistema de recibos que simplifica la operatoria comercial.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la derogación de la ley 9133, que regulaba la registración de contratos de compra y venta de productos agrícolas en Mendoza. La normativa exigía que los contratos destinados a la agroindustria provincial fueran registrados obligatoriamente, con el objetivo de controlar y formalizar dichas transacciones.
Según el Poder Ejecutivo, la derogación se basa en críticas sobre la ley, debido a que “no es posible fijar un precio al ingreso de los productos a los establecimientos agroindustriales”. Tanto productores como industrias señalaron que la normativa «no beneficia a ninguna de las partes y genera costos y demoras en la operatoria comercial», explicaron desde el Ejecutivo.
Asimismo, el planteo de fechas de vencimiento para la inscripción de contratos ha sido otro punto de controversia. “Va en contra de la realidad productiva de sectores que reciben frutas durante todo el año”, indicó el informe, y agregó que la aplicación de multas ha afectado a empresas sin quejas formales de los productores. Además, la ley no contemplaba materias primas de otras provincias, lo que complicaba la operatoria de empresas cuyos proveedores no tenían la obligación de registrar contratos.
Nuevo Marco Normativo
El proyecto aprobado dispone que, en lugar de la registración, los establecimientos entreguen a los productores un recibo o documento equivalente, con detalles de cantidad, calidad, precio pactado y forma de pago al recibir las materias primas. Además, el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Agricultura, deberá difundir datos relevantes sobre actividades agropecuarias para facilitar la toma de decisiones.
Debate en la Cámara
Durante el debate, Gabriela Lizana (FRLN) presentó un despacho en minoría y expresó su desacuerdo con la derogación. Propuso modificar la legislación en lugar de eliminarla, argumentando que una normativa reformada podría servir para calcular los costos de producción. Según Lizana, el proyecto “desalienta la lealtad comercial” y destacó la necesidad de establecer “marcos de sostenibilidad” para el sector agroindustrial.
De esta forma, la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo en la modificación del marco legal que regula las transacciones agrícolas en Mendoza, abriendo un debate sobre el equilibrio entre control estatal y flexibilidad para el sector.
