Preocupación en el sector vitivinícola por la inminente derogación de la ley que protege a los productores, mientras el oficialismo avanza con mayoría en Diputados.
El próximo martes, la Cámara de Diputados tratará la derogación de la ley 9133, normativa que establece la obligatoriedad de conformar mesas de concertación para definir precios justos para la uva, así como la necesidad de contar con contratos escritos previos a la entrega del producto, especificando precios y formas de pago para los productores.
El oficialismo, que cuenta con mayoría en la Cámara, se perfila para aprobar la derogación de esta ley. Sin embargo, la medida ha generado preocupación en diversos sectores. La diputada por el Frente Renovador, Gabriela Lizana, en diálogo con este medio, calificó como un grave error la posible derogación sin establecer un mecanismo alternativo que proteja la sostenibilidad de la cadena de valor vitivinícola.
Lizana argumentó que, al eliminar esta ley, se desprotege a los productores, quienes quedarían vulnerables a prácticas comerciales abusivas. «Es fundamental que todos los eslabones de la cadena vitivinícola sean rentables y que se respeten códigos de lealtad comercial, otorgando al productor seguridad en cuanto a precios y formas de pago antes de la entrega, sin posibilidad de modificaciones unilaterales posteriores», explicó la diputada.
Además, Lizana criticó al oficialismo por desconocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las normas internacionales que combaten el comercio desleal. «Pretenden convertir en norma lo que ha sido una costumbre de abuso hacia el productor, lo que solo acelerará la concentración de tierras y afectará negativamente no solo el paisaje natural de Mendoza, sino también su esencia cultural, turística y económica», advirtió.
La legisladora lamentó la falta de reacción del sector productivo ante este posible cambio y alertó sobre las consecuencias que podría tener para el futuro de la provincia. «Estamos viendo cómo algunas zonas de Mendoza ya están sufriendo el impacto, mientras algunos ven en la minería una tabla de salvación y otros ni siquiera consideran la posibilidad de un recambio generacional en la noble tarea de producir alimentos», afirmó.
Ante la inminente sesión del próximo martes, diversas entidades han manifestado su preocupación por lo que pueda suceder y el impacto que la derogación de la ley 9133 podría tener en el sector vitivinícola.
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2 Comentarios
Liszana te seguí mucho tiempo y fui a muchas reuniones cuando decías estar con los productores junto a llaver pensando que estabas del lado de los productores y se dieron vuelta como un panqueque ya no te creó más .
Es evidente que una venta debe ser negociada antes y debe tener un contrato con precio y condiciones de pago. Lo que no puede ser es que el estado ( los políticos ) quieran definir los valores, como dice Lizana afirmando que deben ser rentables . Los precios son de mercado y deben ser por partidas definidas ya que el mercado de uvas debe ser segmentado en función de su destino, es decir como ejemplo para mosto, para vino genérico,para vino fino, para vino de media gama, para vinos de alta gama y para vinos iconos. La labor del estado es simplemente mantener una información fluida de los volúmenes esperados para favorecer una buena negociación, la que deber ser libre entre productor y bodega